Si bien el Tribunal Superior de Punjab y Haryana no emitió una decisión sobre una demanda de interés público que solicitaba reformas policiales, declaró claramente que dichas reformas debían ser decididas por el gobierno, no por el tribunal.
La demanda exigía que se impidiera a los agentes de policía trabajar largas jornadas, que las comisarías contaran con baños separados y limpios para mujeres, que los acusados no fueran exhibidos públicamente ante los medios de comunicación y que el sistema policial se digitalizara por completo.
Aunque la sala compuesta por el Presidente del Tribunal, Sheel Nagu, y el Juez Sanjiv Berry se negó a emitir órdenes directas sobre estas demandas, sí ordenó a los Secretarios Principales de Punjab, Haryana y el Territorio de la Unión de Chandigarh que consideraran y decidieran sobre estos asuntos. El tribunal declaró que se trata de cuestiones de carácter político y administrativo, y que las decisiones son responsabilidad del gobierno y las autoridades competentes. Esta demanda de interés público fue presentada por Nikhil Saraf, residente de Mohali.
Oportunidades de ascenso limitadas para los agentes
La petición señalaba que los agentes de policía, especialmente los agentes rasos, se ven gravemente limitados, lo que provoca estancamiento en sus carreras.
La petición exigía que cada agente tuviera al menos tres ascensos durante su servicio. También exigía que se les proporcionaran mejores condiciones de vivienda, vacaciones suficientes, revisiones médicas y una remuneración adicional por tareas difíciles. La petición también planteaba serias dudas sobre el estado de las comisarías y puestos de avanzada. Indicaba que en muchos lugares ni siquiera hay baños separados para mujeres. El estado de las celdas tampoco cumple con los estándares de derechos humanos.
Deben construirse celdas limpias
El tribunal exigió que se construyeran celdas limpias y bien iluminadas en las comisarías y que la información sobre la Autoridad de Quejas Policiales se exhibiera de forma visible en todas ellas.
También se planteó la cuestión de la digitalización de la policía y una mejor utilización de los recursos. La petición señalaba que el despliegue de un gran número de agentes de policía para la seguridad de altos mandos y políticos afecta al funcionamiento general de la policía. También se solicitó una auditoría social independiente de este sistema.
Durante la audiencia, se informó al tribunal que muchas de las cuestiones planteadas en la petición ya estaban siendo consideradas en otro caso pendiente ante la Corte Suprema de la India. Posteriormente, el Tribunal Superior solo examinó las cuestiones que no estaban pendientes en dicho caso.
Finalmente, el Tribunal Superior otorgó al peticionario la libertad de presentar un memorando detallado de demandas a las administraciones de Haryana, Punjab y Chandigarh en un plazo de 30 días, y ordenó a los respectivos gobiernos y administraciones que tomaran una decisión al respecto mediante una resolución motivada en un plazo de dos meses.
